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EL PSOE LLEVA AL PARLAMENTO LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR

Por@GuadalquivRadio

Oct 16, 2019

EL PSOE LLEVA AL PARLAMENTO LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR “PARA QUE EL CONSEJERO IMBRODA DÉ LA CARA”

Férriz reitera que “la incompetencia” de la Delegación ha quedado de manifiesto y acusa a C’s de “hundir” la educación pública en la provincia

            El PSOE de Jaén ha registrado una pregunta en el Parlamento andaluz para que el consejero de Educación “dé la cara y ofrezca las explicaciones oportunas sobre la incompetencia y la torpeza en la gestión de la Junta” que ha provocado la suspensión del servicio de comedor escolar en 37 colegios de 25 municipios y que está afectando a más de 1.500 familias.

La coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, cree que Imbroda “tiene que aclarar a qué se han dedicado en la Delegación Territorial y en su Consejería durante meses, y especialmente durante el último mes y medio en el que se veía venir lo que ha acabado ocurriendo”.

“Dicen que se enteraron 5 días antes, y aun así, avisaron a los padres a 24 horas del desastre, cuando ya no les quedaba más remedio. Pero la realidad es que conocían la situación desde el 4 de septiembre, como mínimo. Y ahora declaran la emergencia cuando se han visto con el agua al cuello y cuando los días siguen pasando para más de 1.500 familias”, subraya. Por tanto, reitera que “la responsabilidad política está bastante clara” y que el delegado “ya debería haber presentado la dimisión o haber sido cesado”.

Férriz lamenta el “hundimiento” de la educación pública en la provincia de Jaén en apenas 9 meses de legislatura a cargo de Ciudadanos, el consejero Imbroda y su delegado territorial. “Definitivamente, PP y Ciudadanos son el Gobierno del cambio a peor para Andalucía y la provincia de Jaén”, resume.

La responsable socialista señala que casi 2.000 niños y niñas de 25 municipios de la provincia “se quedan por segundo día sin comedor escolar, un servicio público que era básico y esencial con los anteriores Gobiernos socialistas y que ahora camina por el alambre por la nefasta gestión de la Junta de derechas”.

“Ningún comedor escolar está a salvo mientras la incompetencia y la dejación de funciones siga instalada en la Consejería de Educación. Lo que ha ocurrido aquí con 37 centros puede volver a ocurrir en otros, porque la Junta ha lanzado un aviso a navegantes diciendo poco menos que gestionan lo justito, que esto no va con ellos y que se lavan las manos”, advierte.

            Férriz recuerda que el Gobierno andaluz, sus consejeros y sus delegados “están para evitar los problemas, para atajar las posibles situaciones de dificultad que surja e impedir así que puedan afectar y perjudicar a la ciudadanía”. Si los problemas surgen porque son inevitables, la Junta tiene la obligación de “ser transparente, planificar acciones de respuesta, intentar paliar los perjuicios en lo posible y resolverlos cuanto antes”.

“Nada de esto ha ocurrido. La Delegación dejó pudrirse el tema a pesar de que conocía las circunstancias desde hacía claramente mes y medio. La imprevisión ha sido total y las responsabilidades políticas son muy graves porque se está perjudicando a más de 1.500 familias de Linares, Martos, Bailén, Úbeda, Alcalá la Real, Baeza, Mancha Real, Torredonjimeno, La Carolina o Torreperogil, por citar algunos municipios”, sentencia.

La responsable socialista indica que éste es “el último ataque” conocido a la educación pública en la provincia, puesto que Ciudadanos también ha recortado 51 unidades educativas y ha echado a profesores a la calle. Recuerda en este sentido que la Consejería ya recortó 700 plazas de docentes en la oferta de empleo público en Andalucía.

A esto hay que sumar los Presupuestos que han presentado para 2020, donde la educación crece 2 puntos menos que el propio presupuesto, donde bajan radicalmente las partidas para Infantil y Primaria, donde recortan la educación para adultos y enseñanzas de régimen especial, como Conservatorios, donde también se da un tajo a la formación de docentes y donde se reduce a la mínima expresión la partida para la retirada de amianto de los colegios públicos.

Además, el grado de ejecución del presupuesto anterior en materia educativa apenas llega al 33%, lo que viene a confirmar que la educación pública “no es precisamente una prioridad de la Junta de PP y Ciudadanos”.

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