- Durante 2018, la jurisdicción contable de la Institución realizó condenas por responsabilidad contable por un importe de 64.674.975, 34 euros.
- La Unidad de Actuaciones Previas de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal ha levantado actas de liquidación provisional por valor de 12.485.114,10euros -de los que 9.576.143,27 correspondieron al importe principal y 2.908.970,83 a intereses legales-.
- Tras detectar indicios de presuntas responsabilidades contables, la Sección de Enjuiciamiento tramitó, en 2018: 287 diligencias preliminares; 211 actuaciones previas; y 25 acciones públicas.
- Durante el ejercicio 2018, se han resuelto 515 asuntos, entre los que se incluyen 273 diligencias preliminares, 195 procedimientos de instancia, incluida la ejecución, 2 cancelaciones de fianza y 45 asuntos resueltos en segunda instancia en la Sala de Justicia.
La actividad realizada en 2018 por la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha dado lugar al levantamiento de Actas de Liquidación por un total de 12.485.114,10 euros, de los que 9.576.143,27 corresponden al principal y 2.908.970,83 a intereses legales. Estas cantidades, son el resultado de las Actas de Liquidación positivas de las actuaciones previas a la exigencia de responsabilidad contable que en el citado año han ascendido a 20.
La jurisdicción contable realizó, así mismo, condenas por responsabilidad contable por importe de 64.674.975,34 euros que, previa la ejecución, se reintegrarán en el Erario Público. De la citada cantidad: 60.849.166,74 corresponden a Sentencias en primera instancia, 3.781.009,19 euros en segunda instancia, y 44.799,41 a Autos de sobreseimiento por reintegro.
Junto con la de Fiscalización, el Tribunal de Cuentas ejerce una función de Enjuiciamiento contable -de naturaleza jurisdiccional-. Con esta actividad, la Institución tiene la potestad de poder exigir responsabilidad económica a aquellas personas que se ocupan de gestionar o administrar bienes o fondos públicos, cuando de su labor se hayan podido derivar daños sobre este patrimonio público. Esta función, que es competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas, también es ejercida por la Institución sobre aquellas personas o entidades, públicas o privadas, que reciban subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes del sector público. Por otra parte, esta actividad de enjuiciamiento contable es compatible con la que, sobre estos mismos hechos, pueda llevar a cabo la jurisdicción penal.
Tras la detección de indicios de presuntas responsabilidades contables, durante 2018 la Sección de Enjuiciamiento de la Institución ha tramitado un total de 287 diligencias preliminares. De estas, 133 procedían de Informes de Fiscalización tramitados por el Tribunal de Cuentas, 58 de Informes de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, 57 de Informes de otras Instituciones Públicas y el resto, 39, de comunicaciones de Acciones Públicas en un total de 25, y 14 de denuncias de particulares.
En cuanto a las 150 actuaciones previas tramitadasdurante 2018 -de las que cuatro fueron devueltas-, desglosadas por sectores y ámbito territorial, cabe señalar que: 27 de los procedimientos han correspondido al sector público estatal, incluyendo la Seguridad Social; 48 al sector público autonómico y 71 al sector público local.
Como consecuencia de las actuaciones previas que fueron resueltas durante 2018, la Sección de Enjuiciamiento inició 171 procedimientos de responsabilidad contable.
En cuanto a la actividad de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas[1] cabe señalar que, a 31 de diciembre de 2017, se encontraban pendientes de resolver 15 asuntos; y que, en 2018, se interpusieron un total de 37 recursos -incluyendo los de apelación y otros varios, así como una pieza de abstención-, y se resolvieron 45; de estos, 17 fueron sentencias, 27 fueron autos y uno fue un decreto de desistimiento.
Entre las sentencias más relevantes de las dictadas durante el pasado año, se encuentra, entre otras, la 9/2018, de 18 de julio, relativa a un expediente de responsabilidad contable instruido por un Ayuntamiento, que fue objeto de recurso al amparo del art. 41.2 de la Ley Orgánica 2/82, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, donde la Sala de Justicia coincidió con las manifestaciones realizadas por el Ministerio Fiscal, al entender que la resolución de la recusación del instructor fue dictada por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia, lo que implica su nulidad así como la de la resolución final del procedimiento, al tratarse de un trámite esencial, por lo que deberá ser estimada la demanda formulada y acordarse la retroacción del procedimiento. Resulta ampliada, por tanto, la competencia de la jurisdicción contable que puede pronunciarse en relación con una cuestión de trámite y no sólo en relación con la resolución que pone fin al procedimiento.
También cabe destacar, entre otras, la Sentencia nº11/2018 relacionada con un procedimiento de reintegro de alcance contra el Ayuntamiento de Pamplona. Esta sentencia pone de manifiesto la existencia de daños al patrimonio del consistorio; pero, para que la Sala de Justicia pueda declarar la existencia de un alcance, no basta con que se detecte un menoscabo económico en los fondos públicos, sino que también debe darse un conjunto de requisitos o elementos que configuran la responsable. Por ello, esta sentencia resulta un documento clarificador para conocer cuáles son los requisitos imprescindibles que se deben dar para que de la actuación de un gestor público o se derive una responsabilidad contable, un menoscabo económico que ha de resarcir con su patrimonio personal.
En materia de costas, resulta destacable la Sentencia 10/2018, de 18 de julio, en la cual, por vez primera, se limitan las costas en sentencia, debido a la limitación del objeto del recurso, y al amparo de lo dispuesto en el art. 139.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Divulgación y colaboración internacional
Durante el año 2018 el Tribunal de Cuentas ha continuado con la participación en diversos foros para dar a conocer sus competencias y funciones. Entre ellos, cabe destacar la reunión celebrada en Chile el 11 y 12 de julio en el marco del Foro de Entidades Fiscalizadoras Superiores con funciones Jurisdiccionales, así como el encuentro que se celebró en Trujillo los días 19 y 20 de abril entre el Tribunal de Cuentas de España y el Tribunal de Cuentas de Portugal con el fin de profundizar en la cooperación bilateral, y fomentar el intercambio de experiencias y de conocimiento en el marco de las funciones jurisdiccionales.
En el transcurso del pasado ejercicio, se firmó un acuerdo de colaboración para promover relaciones de cooperación técnica entre la Contraloría General del Estado de la República del Ecuador y el Tribunal de Cuentas de España con el fin de enriquecer y desarrollar actividades de control externo. En el marco de ese acuerdo, la Institución intercambiado información a fin de conocer la estructura, buenas prácticas y el funcionamiento del Tribunal de Cuentas de España y, en especial, de su función jurisdiccional, dado que recientemente la Contraloría General del Estado de la República de Ecuador presentó un proyecto de ley para estructurarse como Tribunal de Cuentas con función jurisdiccional. Los primeros intercambios de información se han producido, en el marco de diversas visitas de la Contraloría General del Estado de la República del Ecuador a Madrid, estando programada la celebración de un Seminario para el primer trimestre del año 2019.
Asimismo, y con motivo de
promover las relaciones de cooperación técnica en el área jurisdiccional,
durante el pasado mes de julio, el Tribunal de Cuentas firmó un acuerdo de
colaboración con la Corte de Cuentas de la República de El Salvador.
Derivado de este acuerdo, el Tribunal de Cuentas ha llevado a cabo entre otras
acciones: un diagnóstico, para un posterior asesoramiento, sobre la
modernización y fortalecimiento de las capacidades técnicas del área
jurisdiccional de la Corte de Cuentas salvadoreña.
[1]Resuelve los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los distintos Departamentos de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal.
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